Posteado por: administrador | 14 de marzo de 2012

Derecho a telecomunicación

Fuente:acccl.es

Lo que comenzó en la primera mitad del siglo XIX permitiendo enviar mensajes compuestos de letras y números, desarrollándose hasta el teléfono y embocando posteriormente en la revolución de la comunicación inalámbrica lleva todo el nombre telecomunicación y que significa comunicación a distancia. Es una palabra compuesta del prefijo griego “tele” (= distancia) y del latín “communicare”. Hoy en día resulta muy normal para cada uno y ha llegado al punto de formar elemento básico de la vida cotidiana y hasta que se tiene por ley derecho a ciertas instalaciones que ya no están reservadas a un grupo privilegiado: Con la aprobación del Real Decreto Ley 1/1998 del 27 de febrero de 1998 el legislador español ha considerado el estado de desarrollo de entonces. Según la ley y su versión revisada del 14 de junio de 2005 (Ley no. 10/2005), edificaciones nuevas que están sujetas a la ley de propiedad horizontal (LPH) tienen que estar previstas con las instalaciones infraestructurales necesarias para poder suministrar a las distintas viviendas televisión vía satélite y vía cable. También se apuntó que es obligatoria la instalación del sistema TDT (televisión digital terrestre). Con el fin de facilitar el acceso a las instalaciones a los encargados del los correspondientes servicios técnicos, el 11 de marzo de 2011 se actualizó las disposiciones referente a la infraestructura de edificios mediante el Real Decreto 346/2011. Este hecho también se consideró en la ley de la propiedad horizontal, concretamente en el artículo 17 no. 2 y que dice que hay que conceder a los técnicos el acceso a las instalaciones de telecomunicaciones. Con esta ley no solo se quiere considerar las necesidades de los consumidores sino también se quiere evitar que los edificios sujetos a la ley de propiedad horizontal también en el futuro sean salpicados con antenas parabólicas. Queda realmente muy poco estéticos ver las casas en venta con parabólicas pegadas prácticamente en cada balcón. En caso de que un constructor o una empresa de construcción no equiparan edificaciones nuevas construidas sujetas a la ley de propiedad horizontal con las infraestructuras previstas, puede ocurrir que serán obligados a pagar una multa que oscila entre 30.000,– euros y 300.000,– euros. Esto está previsto en el artículo 11 no. 1 del RDL


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