Posteado por: administrador | 9 de septiembre de 2013

La morosidad en el alquiler crece tanto como los impagos a la comunidad.

Fuente:malagahoy.com

La morosidad continúa creciendo en el segmento inmobiliario de los alquileres. Y lo hace, según explicó a este periódico Fernando Pastor, el presidente del Colegio de administradores de fincas de Málaga, de manera paulatina y casi al mismo ritmo al que aumentan las deudas con las comunidades de vecinos. Así, en los últimos seis meses, los impagos en ambos casos se han incrementado un 20% en la provincia y se espera que, a tenor de la situación económica que atraviesan numerosas familias, sigan al alza en lo que resta de año. 

Lo cierto es que para los caseros dispuestos a poner sus casas al servicio de terceros, las deudas en las cuotas mensuales se han convertido en un auténtico caballo de batalla. Detrás de cada inquilino que decide no hacer frente al pago del alquiler hay una historia, a veces dramática, pero los propietarios, también afectados por la crisis, no atisban solución para un conflicto que a muchos obliga a acudir a la vía judicial. “En algunos casos, los dueños están pagando la hipoteca de una vivienda que compraron en la época del boom inmobiliario con la intención de alquilarla o como inversión y ahora se encuentran con inquilinos que no pagan la renta. Inevitablemente tienen que iniciar un procedimiento judicial para el lanzamiento”, afirmó el portavoz de los administradores. 

La ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (desahucio exprés), que entró en vigor el pasado mes de junio tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no parece haber arrojado, por el momento, los resultados esperados. De hecho, contempla que el arrendador podrá solicitar el procedimiento de desalojo con un solo mes de impago, de forma que, una vez que el juzgado remita la notificación, el inquilino deberá abonar la deuda o presentar alegaciones en un plazo de diez días para evitar ser expulsado, pero la realidad es otra. Los desahucios continúan teniendo una demora estimada de entre seis meses y un año. Y mientras, el propietario asume la obligación de seguir haciendo frente a los gastos ocasionados por la vivienda en alquiler. “La psicosis que se creó por los desahucios de los bancos ha provocado que se paren los desalojos de esta modalidad. La normativa no ha dado aún muchos frutos, aunque, eso sí, antes el inquilino podía pagar en el último momento la cuota que debía y había que respetar que se quedase. Eso ya ha cambiado”, matizaron los administradores. 

Aunque el perfil de quienes protagonizan los impagos suele responder a una persona en paro que ya ha agotado el desempleo y las ayudas sociales, el hecho es que el moroso “profesional” está aprovechando el tirón de la crisis para camuflarse entre sus víctimas. “Hay inquilinos que no tienen nada a su nombre y van cambiando de vivienda cada dos años, dejando así un pufo a los propietarios”, relató el responsable de los administradores. 

Para el arrendador, las deudas son una amenaza constante. Es el caso de Carlos -nombre con el que prefiere ocultar su identidad- que desde 2010 tiene su casa alquilada a un matrimonio con cuatro hijos. “La familia me llamó varias veces interesándose por el alquiler. Me entrevisté con ellos y arriesgué. Los dos trabajaban y me aseguraron que tenían varios negocios. Parecían fiables”, cuenta el propietario. Sin embargo, hace algo más de un año comenzó la pesadilla al perder los inquilinos su empleo. “Uno de los niños hacía la Comunión y ese mes ya no me pagaron. En diciembre me abonaron solo la mitad y a finales de 2011 ya me debían más de 2.000 euros. A principios de este año, la pareja se divorció y pedían una rebaja del alquiler. Lo hice, pero después me dijeron que ya solo podían ingresarme 400 euros. No es normal vivir en un chalé adosado de 800 euros por ese precio”, critica el dueño. A partir de ese momento, las dos partes llegaron a un acuerdo, de forma que los ocupantes podrían seguir en la vivienda a cambio de que dejaran entrar a una inmobiliaria para ponerla en venta. Pero ni abrían la puerta ni tampoco cogían el teléfono. “Una mujer me ofreció 190.000 euros por la casa pero ni siquiera tuvo la posibilidad de pasar a verla. Hemos llevado el caso a los juzgados”, afirma el arrendatario, que calcula que en siete meses habrá perdido unos 3.500 euros más.


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