Posteado por: administrador | 17 de septiembre de 2013

Los impagos de las comunidades de vecinos llegarán a 200 millones este año.

Fuente:lasprovincias.es

La morosidad en las comunidades de propietarios no para de crecer y, de seguir a este ritmo, el importe impagado de las popularmente conocidas como ‘cuotas de escalera’ superará los 200 millones de euros a finales de año en los edificios de la Comunitat.

A nivel nacional, a fecha 31 de diciembre de 2012, las comunidades de vecinos debían 1.606 millones de euros, una cifra que crecerá hasta los 1.900 millones a final de año, según las previsiones que maneja el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. En la Comunitat, la morosidad de las comunidades de propietarios ascendía, a finales del pasado año, a 174 millones de euros, por lo que, extrapolando las previsiones nacionales, la deuda rondará los 205 millones de euros.

Buena parte de culpa de estos impagos la tienen las entidades bancarias y las promotoras que, o bien todavía son los titulares de las viviendas, en el caso de las inmobiliarias y empresas constructoras, o bien han tenido que asumir la propiedad de los domicilios a causa de un embargo, en el caso de las entidades financieras. Del montante total, sólo los bancos acumulaban 28 de los 174 millones de euros de la deuda acumulada a finales del pasado año.

Sobre ello, el presidente del Consejo Autonómico de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunitat y del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valencia, José Sales Rodríguez, aseveró que «los impagos se han incrementado exponencialmente y ya es el principal problema al que se enfrentan las comunidades de propietarios». «Porcentualmente, aunque no se dispone de datos globales, los impagos varían en función del perfil de los propietarios de las viviendas: particulares, promotores o bancos». Sin embargo, según Sales, «se detecta con toda claridad que, por ejemplo, en los edificios donde viven personas mayores, muchos de ellos jubilados, los porcentajes de morosidad son más bajos».

En esta línea alertó también de que el impago de estas deudas, tras la preceptiva reclamación judicial, «provoca en muchas ocasiones el embargo de las viviendas, y sin duda alguna, estos embargos han aumentado considerablemente».

Sales también resaltó la «enorme dificultad» que tienen las comunidades de propietarios que carecen de los servicios de un administrador de fincas colegiado para poder reclamar y gestionar el cobro de esas deudas, por ejemplo, al sufrir defectos formales que dificultan la iniciación de un procedimiento, certificaciones deficientes o defectos de notificación.

Por todo ello, recordó que, para reclamar la deuda a un vecino moroso, la comunidad de propietarios debe adoptar un acuerdo en Junta General y, de esta forma, acudir al auxilio judicial, aunque Sales aconseja que éste sea el último recurso. «El administrador de fincas colegiado puede mediar y negociar para que se paguen las deudas, evitando en muchos casos gastos indeseables, tanto para el propietario deudor como para la propia comunidad», explicó a LAS PROVINCIAS este profesional.

En resumen, los impagos afectan a las comunidades de propietarios «de forma muy negativa», ya que, en opinión de este portavoz, «dificulta el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio». Además, las comunidades se ven obligadas a soportar, con sus propios fondos y provisiones, la morosidad de los vecinos que no abonan las cuotas, por lo que, en ocasiones, tienen que suprimir temporalmente uno o varios servicios, como por ejemplo la paralización de alguno de los ascensores del edificio. «De todas formas, los administradores de fincas colegiados ponemos todo nuestro esfuerzo y conocimiento para que los servicios se mantengan activos», subrayó.

Falta de mantenimiento

Además de las cuotas impagadas, las comunidades de vecinos tienen que enfrentarse a otros problemas. «También se está detectando falta de mantenimiento y conservación en los edificios, que nos puede llevar a que, en unos años, nos encontremos con un parque inmobiliario viejo y deteriorado», alertó el presidente. En esta línea, añadió que la conservación y en el mantenimiento de los inmuebles «comporta incrementar su vida útil, abarata costes y, lo más importante, garantiza la seguridad de las personas».

Por ello, Sales se mostró totalmente en desacuerdo en que la legislación no obligue a los edificios a realizar su primera inspección técnica hasta los 50 años «cuando los seguros de la construcción sólo garantizan las obras los primeros diez», indicó. En el caso de la ciudad de Valencia, por ejemplo, «quizá tengamos que lamentar algún incidente para que se tome conciencia de esta situación. Valencia es una ciudad situada sobre una esponja de agua y habría que garantizar, entre otros elementos, que las estructuras de los edificios, bajo cota cero, estén en perfecto estado y, por lo tanto, carentes de cualquier tipo de patología», señaló.

 

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